jueves, 14 de julio de 2011

La Junta requiere al Ministerio que anule la Orden por la que no se declara BIC el Colegio de San Ambrosio de Salamanca, sede del Archivo de la Guerra Civil Española

La Junta de Castilla y León, siguiendo la línea de coherencia mantenida desde el inicio de este litigio por la defensa y la integridad del Patrimonio, ha dirigido un requerimiento al Ministerio de Cultura por el que pide que se anule la Orden por la que no se declara BIC el Colegio San Ambrosio, sede del Archivo de la Guerra Civil Española y en el que se solicita la suspensión de cualquier actuación susceptible de ocasionar alteraciones en el inmueble del Colegio de San Ambrosio o la disgregación o desvinculación del mismo de sus bienes muebles y sus fondos documentales.

La consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha dirigido un requerimiento previo al Ministerio de Cultura contra la Orden por la que no se declara bien de interés cultural con categoría de monumento la sede del Archivo General de la Guerra Civil Española ubicado en el antiguo colegio de San Ambrosio de Salamanca incluidos los bienes muebles adscritos a él.

En el requerimiento presentado por la Junta de Castilla y León ante esta decisión del Ministerio, se insta a que se suspenda cualquier actuación susceptible de ocasionar alteraciones en el inmueble o la disgregación o desvinculación del mismo de los bienes muebles y, en especial, en los fondos documentales, que se consideran parte esencial de su historia, ordenando la inmovilización, en su ubicación actual, de los citados fondos documentales.

La Junta de Castilla y León lamenta la intención del Ministerio de seguir sacando fondos del Archivo General de la Guerra Civil y recuerda que todavía existen recursos de inconstitucionalidad pendientes de resolver.

La Junta de Castilla y León se opone tajantemente a cualquier nueva salida de documentos de este Archivo de la Guerra Civil Española en lo que se está convirtiendo por parte del Ministerio de Cultura y del Gobierno de España en una destrucción sectaria del Patrimonio común de los españoles que responde únicamente a intereses electorales del Gobierno Central.

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